Comisión de Economía analizó propuestas para Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales
Los largos trámites que deben realizarse para la materialización de grandes proyectos de inversión es una de las materias que se espera simplificar con este proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional.
Publicado
La agilización y simplificación de los procesos que están relacionados con la obtención de permisos y autorizaciones necesarias para la realización de proyectos de inversión en actividades productivas es lo que busca establecer la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Eliminar la excesiva burocracia que puede retrasar años una planificación y dar paso a un sistema que permita entregar más certezas que dudas es lo que actualmente se estudia en la Comisión de Economía del Senado.
En la sesión de este martes, estuvo presente el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), Daniel Fernández, quien expuso acerca de sus definiciones respecto a este proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional, en lo relativo a la aprobación de los estudios de maniobrabilidad.
“El proyecto de ley que se discute hoy día, uno de los cuerpos legales a los cuales hace mención es la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, que lo obliga a adoptar una serie de medidas en el otorgamiento de permisos sectoriales en su responsabilidad. Hay uno de ellos, que es la aprobación de los estudios de maniobrabilidad a través de la Directemar que permiten determinar cómo una nave debe ingresar, o tiene autorización o condiciones para ingresar a atracar en un determinado terminal”, explicó el presidente de Camport.
De acuerdo a lo expuesto por Daniel Fernández, implica que define “altura máxima de ola, corrientes, velocidad del viento, entre otros estudios y factores. Define además la cantidad de remolcadores que deben ser usados, la forma en que debe ser hecha la maniobra y esto se realiza para cada uno de los puertos que operen en Chile obligatoriamente. No es necesariamente para un puerto, sino para una nave específica en un terminal específico, ahora, por razones tecnológicas como cambios en tamaño de las naves o por efecto del cambio climático, periódicamente estos estudios deben actualizarse y modificar sus parámetros de operación”.
A su juicio, si el estudio de maniobrabilidad fuera demasiado exigente y, por ejemplo, no permitiera el acceso al terminal portuario con altura de ola de más de un metro, probablemente el terminal portuario podría estar sin operar el 50% del tiempo. “Es un factor importante lo que define el estudio de maniobrabilidad porque al final termina decidiendo la eficiencia del terminal en términos de su porcentaje de ocupación. El problema ha sido que la aprobación de estos estudios ha sido lenta y engorrosa, la resolución para cada uno de los estudios toma años”, indicó.
Fernández explicó que el artículo 4 establece las exclusiones, es decir, quiénes o qué organismos no están sujetos a las condiciones que establece el proyecto de ley y, en su opinión, este artículo indica que queda excluido del ámbito de aplicación de autorizaciones sectoriales y permisos las resoluciones que sean de competencia de Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección General de Movilización Nacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile.
El tema en cuestión, para la Camport, es que los estudios de maniobrabilidad son para operaciones comerciales civiles que no tienen ninguna relación con los aspectos de seguridad nacional, abarcan solamente temas técnicos y operacionales de la industria marítima portuaria y bajo ningún concepto se pueden involucrar aspectos relativos a la seguridad nacional. “Si la Autoridad Marítima aprueba un estudio de maniobrabilidad que implica que una nave de 300 metros tiene tales condiciones para atracar en el terminal de Coronel o en San Antonio, no vemos que tiene que ver eso con un factor de seguridad nacional”, indicó.
Lo que solicitó la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, a través de su presidente Daniel Fernández, es que “se corrija la redacción que mencioné antes de modo que los permisos sectoriales para operaciones comerciales que entrega la Dirección General del Territorio Marítimo, por ejemplo, el estudio de maniobrabilidad, y que nada se relaciona con temas de seguridad nacional, queden incluidos en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Que se excluya del primer párrafo a Directemar y, por lo tanto, implícitamente se la incluya dentro de las obligaciones de esta ley que implican plazos determinados”.
Cómo agilizar los trámites y reducir los tiempos de los proyectos
La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) evaluó el estado respecto a los permisos sectoriales en Chile. En este proceso identificó 439 trámites que afectan el proceso de inversión de los cuales 309 son aquellos que podrían convertirse en una barrera de entrada para realizar inversiones, toda vez que se necesita un pronunciamiento favorable por parte de una autoridad para autorizar el desarrollo del proyecto de inversión.
“Si bien es necesario tener una institucionalidad que tenga como objetivo incentivar la inversión y a su vez, que el desarrollo de busque proteger el impacto del mismo en diversas aéreas como la salud y el medio ambiente, el alcance de múltiples permisos, sumado a tiempos largos de evaluación por parte de autoridades, terminan ralentizando el desarrollo de proyectos, sumando a su vez costo de operación y gestión de los mismos”, explicó Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales.
A su juicio, dentro de las recomendaciones para agilizar el proceso de permisos se encuentran la posibilidad de incluir mecanismos de revisión externa, tal como indica la CNEP, sumado a una institucionalidad que permita coordinar mayores recursos para apoyar a los servicios público que tengan un mayor rechazo. “Factores como la reducción de permisos a partir de un análisis basado en riesgos también sería un camino adecuado para agilizar el proceso. Actualmente se encuentra en segundo trámite legislativo en la Comisión de Economía del Senado un proyecto que contempla la creación dentro del Ministerio de Economía de una oficina de autorizaciones sectoriales e inversión, con el fin de guiar la mejora del marco normativo asociado”, explicó el economista.
Para el académico de la Universidad del Desarrollo, Robert Currie, quien expuso ante la Comisión de Economía del Senado, se debería establecer la figura de los proyectos priorizados que permitirían la reducción en un 50% de los plazos máximos a los que se podría postular, al menos, una vez al año, según la convocatoria de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales y que asignará puntaje para ordenar los proyectos de forma decreciente.
A su juicio, en la experiencia internacional se confirma este mecanismo como una alternativa viable. Por ejemplo, en Estados Unidos el Fixing America's Surface Transportation Act (FAST) busca priorizar proyectos de tramitación expedita donde las decisiones son adoptadas por un Consejo de Permisos donde se deben cumplir requisitos mínimos que tienen relación con inversiones y componentes de infraestructura.
