Organizaciones de tripulantes denunciaron al Estado de Chile ante la OIT
Acusan que las instituciones no cumplen las obligaciones que imponen los acuerdos sobre protección de los trabajadores y dejan de fiscalizar a las empresas navieras.
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Hasta las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo en Santiago llegaron los representantes de la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile (FENASIOMECHI) y la Federación de Sindicatos Marítimos y Gente de Mar (FESIMAR) para concertar el trámite que calificaron de histórico.
Según informaron desde la organizaciones, la denuncia contra el Estado chileno es por incumplimiento grave de los Convenios 187 y MLC 2006, firmados por nuestro país y que resguardan los derechos de los trabajadores. Afirman los denunciantes que las empresas navieras no cumplen sus obligaciones ante la pasividad de los organismos públicos que deberían fiscalizar.
Las organizaciones denuncian “prácticas abusivas como el derecho al descanso, la falta de cancelación de las horas extraordinarias, el poco personal a bordo de las naves con su polifuncionalidad y consecuentemente el recargo de trabajo que conlleva a una mortal fatiga, los alarmantes índices de accidentes con consecuencias de muertes y suicidios (como el caso del RO-RO Coyhaique, en la Región de Aysén aun punto de hundirse), el aumento de enfermedades mentales por las agresivas e inhóspitas condiciones de trabajo que las Mutualidades obvian, como asimismo el trato indigno y degradante desde la plana ejecutiva contra los tripulantes”.
Cuestionan también al Poder Judicial por “contradictorias sentencias que perjudican a los trabajadores con fallos casi siempre favorables al empresariado, ya que interpretan erróneamente la legislación marítima que se encuentra, en muchas ocasiones, sometida a los Convenios Internacionales suscritos por Chile no dándole aplicabilidad. Mucho peor es el gravísimo comportamiento administrativo y resolutivo de la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR) que posee una política errática, y según la apreciación de los nuevos mandos cada 2 o 4 años, con una laxa fiscalización a las naves”.
Acusan al Estado de no respetar los convenios internacionales, la ley de navegación y el Código del Trabajo.
