Camport rechaza el aporte del Estado a las Empresa Portuaria Antofagasta y Epaustral 

Una enérgica postura de la Camport ante el anuncio de inversiones.

A través de un comunicado, la Cámara Marítima y Portuaria se mostró contraria a las inversiones anunciadas para las empresas portuarias del norte y la zona austral del país.

El anuncio y las declaraciones recientes de autoridades nacionales, regionales y directivos de empresas portuarias estatales respecto a los anuncios de inversiones a través de convenios para las ampliaciones de las instalaciones de la Empresa Portuaria de Antofagasta y de la Empresa Portuaria Austral mediante aportes del Estado, fueron criticadas por la Cámara Marítima y Portuaria.

A través de un comunicado, la Camport señaló que "la ley 19.542, que moderniza el sector portuario estatal, prohíbe expresamente otorgar fondos públicos a las diez empresas estatales creadas por este cuerpo legal, salvo que se den las mismas condiciones a inversionistas privados". 

El organismo explicó que la ley, en su artículo 20º, señala que “las empresas, en caso alguno, podrán obtener créditos, subsidios, fianzas o garantías del Estado o de cualquiera de sus organismos, entidades o empresas, sino en los casos en que ello fuere posible para el sector privado y en iguales condiciones".

De esta manera, la Camport aseguró que "las empresas no podrán otorgar subsidios o subvenciones de ninguna naturaleza a las inversiones de terceros en los puertos y terminales de su competencia. Los anuncios de inversiones y la aprobación de convenios no han estado precedidas de un procedimiento que otorgue la debida difusión a las inversiones estatales, ni han sido comunicadas -ni menos ofrecidas en iguales condiciones- al sector privado. Por lo mismo, se realizarán acciones tendientes a la investigación y determinación de la juridicidad de estas actuaciones".

La organización liderada por Daniel Fernández, agregó que "se han cumplido 37 años de aplicación exitosa de la ley, generándose en el período inversiones privadas en los puertos estatales de más de 2.000 millones de dólares en equipamiento, obras e instalaciones, quedando estas últimas en manos del Estado una vez concluidos los períodos de concesión". 

Por último, la Camport sostuvo que "es valorable el interés del Estado en mejorar la infraestructura portuaria y la búsqueda de soluciones a problemas que son manifiestos, y esta voluntad es digna de reconocimiento por parte de todos. Sin embargo, la forma de alcanzar los objetivos de eficiencia e inversión oportuna en el sistema portuario nacional existen y están consagrados en la ley".