Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria recomienda medidas tanto en puertos como cadena logística
El grupo que se conformó a instancias del gobierno, y está integrado por representantes de los sectores público y privado, acaba de presentar un informe que identifica brechas y propuestas de acciones para enfrentar el impacto de la crisis alimentaria global en nuestro país.
Después de dos meses de trabajo el grupo formuló una propuesta para garantizar el acceso, la optimización logística y la disponibilidad de alimentos para la población.
Entre las iniciativas a desarrollar se menciona un Plan de Logística Colaborativa, que busca apoyar las operaciones de los principales terminales portuarios, garantizar la entrada de bienes e insumos alimentarios y promover medidas para disponer de trabajadores y trabajadoras en el transporte terrestre.
Además, buscarán priorizar y agilizar el ingreso de alimentos e insumos importados que son necesarios para su producción local en la descarga en puertos y el transporte terrestre. Se plantea, asimismo, disminuir las restricciones operacionales en los puertos; maximizar su productividad; reforzar condiciones de accesibilidad terrestre a los terminales y mejorar la coordinación de la cadena con depósitos y extra-portuarios.
También proponen reforzar la dotación de fiscalizadores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el puerto de San Antonio, principal punto de ingreso de carga agroalimentaria, agilizando así el proceso de fiscalización y posterior descarga tanto de insumos como alimentos. Con el mismo objetivo, buscarán fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Transportes y el Servicio de Aduanas en el Puerto Terrestre de Los Andes.
Otras medidas que postula el informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria son un FOGAPE para el sistema alimentario, un plan de seguridad para zonas estratégicas alimentarias, instaurar emergencia agrícola multidimensional en todas las regiones, incluyendo una nueva ley de riego.
La comisión se constituyó en el Palacio de La Moneda el 16 de junio, y comenzará una segunda etapa de trabajo de cinco meses para diseñar una propuesta detallada del Plan Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria.