Comienza debate legislativo por apertura de cabotaje a naves extranjeras
El Gobierno ingresó al Congreso las indicaciones a un proyecto de ley que busca reducir las barreras que rigen en el mercado del cabotaje marítimo. La propuesta mantiene la exclusividad para las naves nacionales, pero aumenta los casos excepcionales.
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La iniciativa forma parte de la agenda de productividad que impulsa el Gobierno y busca aumentar la competencia en el cabotaje para facilitar el comercio. Con ese objetivo el Ejecutivo envió al Congreso una serie de indicaciones a un proyecto de ley que había presentado la administración anterior y reactivó el debate legislativo sobre la propuesta.
Las indicaciones al proyecto que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación mantienen la reserva del cabotaje para las naves chilenas, pero innova en las excepciones a esta norma.
Proponen crear una nueva excepción que permita a las naves con bandera extranjera y descarguen carga en un puerto nacional, realizar cabotaje a continuación de dicha descarga, exclusivamente en su ruta de salida, verificada según el itinerario de navegación informado a la Directemar y notificando al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Otra propuesta del Gobierno es establecer para las naves extranjeras un permiso temporal (conocido como waiver) con una duración de un año cuando no existan servicios de línea regulares chilenos de cabotaje, e independiente del volumen de la carga, lo que daría seguridad en el servicio para los generadores de carga. Actualmente esa autorización existe para cargas de hasta 900 toneladas.
También permite que las naves extranjeras participen en el cabotaje cuando se trate de volúmenes de carga superiores a 3 mil toneladas, previa licitación pública.
Además, se incorpora una modificación a la definición de cabotaje, para que se refiere a carga nacional o nacionalizada, lo que permitiría el reposicionamiento de carga de comercio exterior por parte de naves extranjeras en el caso de cierre de puertos cuando la carga no pueda ser desembarcada en el puerto de destino.
Las decisiones relacionadas con la aplicación de la normativa ya no quedarán en manos de un comité interministerial, como es hasta ahora, sino que serán responsabilidad del Ministerio de Transportes, según la propuesta del Gobierno.
Otra indicación señala que el Ministerio podrá autorizar a armadores chilenos el reemplazo temporal de una nave nacional por otra extranjera de características similares cuando la nave chilena quede fuera de servicio por la pérdida de sus condiciones de navegabilidad.
Autoridades
El estudio de estas indicaciones comenzó este martes en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados hasta donde concurrieron los ministros de Transportes y Economía para exponer los detalles de los cambios que proponen.
Antes de ese encuentro, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó que “el proyecto tiene por objetivo generar condiciones que nos permitan continuar impulsando el crecimiento del país. ¿De qué manera? Promoviendo una mayor competencia a la vez que haciendo más eficiente los procesos logísticos asociados al comercio exterior y del transporte marítimo nacional. Hoy, cuando cada día vemos un continuo aumento en la carga que se mueve en los puertos resulta imperativo hacer los procesos más eficientes y simples, además de fortalecer el modo marítimo como medio de transporte de carga”.
En tanto, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, afirmó que "nuestro foco ha estado en generar el mayor consenso posible en torno a un conjunto de indicaciones que permitan hacer un salto sustantivo en la eficiencia y competencia en el cabotaje. Lo que permitirá bajar precios, utilizar de mejor manera nuestros puertos y reducir el impacto negativo en el medioambiente".
Según las autoridades, las indicaciones no sólo pretenden disminuir las restricciones de participación para las empresas extranjeras, además de aumentar la eficiencia en los procesos logísticos y de transporte marítimo, sino que también hacerse cargo de las falencias que el proyecto original presentaba y que obstaculizaron su tramitación.
Desde el Ejecutivo plantean que gracias a los cambios propuestos las regiones podrían ver incrementados los flujos en sus puertos y los consumidores una disminución en los precios que deben cancelar por los productos.
