Ley de cabotaje: Entre la protección de la industria o el aumento de la competitividad
Durante todo el 2024 se discutió en el Senado la reforma a la Ley de Fomento a la Marina Mercante y Ley de Navegación, sistema clave que regula el transporte entre puertos dentro de un país.
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Un largo andar por los pasillos del Congreso tuvo durante todo el 2024 el proyecto de ley que busca modificar la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, y que tiene como principal objetivo promover la competencia en el mercado de cabotaje marítimo. Su aprobación en la Cámara de Diputados y las discusiones en las comisiones de Transportes y de Asuntos Marítimos del Senado no estuvieron exentas de idas y vueltas.
El proyecto enviado por el Ejecutivo se analizó en las comisiones para posteriormente ser votado en sala, tanto en forma general como en sus aspectos particulares con el propósito de revisar minuciosamente todos los artículos propuestos. En su paso, los diferentes protagonistas establecieron sus pros y contras al nuevo marco regulador en un proceso que se volvió muy largo y que no tuvo mayores avances durante el año pasado.
Fue a principios del 2024 que el Gobierno, a través del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; y de Economía, Nicolás Grau, expuso sobre la ley propuesta ante la Comisión de Transportes del Senado. "Hay consenso de que esta es una ley que teníamos que tocar, pero me impresiona que llevemos tantos años permitiendo que el transporte marítimo a nivel nacional estuviese tan estancado", señaló en esa oportunidad el titular de Transportes.
El ministro explicó que la base de la modificación a la ley está enfocada en tres instancias que corresponden a la licitación pública donde distintos actores puedan ofrecer sus servicios, eso sí, restringido a volúmenes superiores a las 900 toneladas. También, un permiso especial para volúmenes inferiores a 900 toneladas y cuando no exista disponibilidad de banderas chilenas. La tercera excepción tenía relación con la reputación, naves arrendadas por navieras chilenas con promesa u opción de compra.
Tras numerosas sesiones, donde los diferentes actores de la industria expusieron sus puntos de vista, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobó - por cuatro votos contra uno - el proyecto de Ley de Fomento a la Marina Mercante y Ley de Navegación. De esta manera se mantiene la reserva de navegación para las líneas navieras chilenas, aunque con excepciones que permitirán que las naves extranjeras puedan participar. “Es una gran oportunidad que no sólo nos permitirá optimizar los procesos logísticos sino también sumar nuevos actores, reduciendo las tarifas y beneficiando así a los generadores de carga y a los consumidores en general”, manifestó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Luego, tras la aprobación en la Comisión de Transportes, el proyecto pasó a la Comisión de Interesa Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado. En esta instancia fue rechazada por tres votos contra dos cerrándose la revisión de la propuesta legislativa para ser tratada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se analizarán de manera exclusiva los aspectos laborales de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.
Una iniciativa necesaria pero insuficiente
Para el director del Centro Interdisciplinario de Data Science de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Garrido, “el proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, tiene por objetivo fomentar la competencia en el mercado de cabotaje marítimo. En ese sentido va en la dirección correcta, era necesario actualizar esa ley hace años. Sin embargo, parece insuficiente para abordar las necesidades actuales del comercio marítimo, tanto local como global”.
“El mantenerlo en naves con bandera chilena es una restricción difícil de defender desde la perspectiva de eficiencia técnica. Una de las preocupaciones que se manifestó cuando el gobierno presentó la Agenda de Productividad (este Proyecto de Ley es parte de ella) fue la potencial pérdida de puestos de trabajo. Esto no necesariamente ocurriría ante una apertura a naves con otra bandera, puesto que el nivel de producción aumentaría lo que generaría mayor actividad económica y fuentes laborales directa e indirectamente asociadas al rubro. No está todo dicho en esta materia porque, por ejemplo, países marítimos desarrollados como Noruega y Australia tienen distintos enfoques. Noruega admite cabotaje para bandera nacional o europea, mientras que Australia tiene un enfoque más abierto, permitiendo la participación de barcos extranjeros con restricciones”, agregó Garrido.
Una de las características que se destacó desde el Ministerio de Transportes es que la apertura mejorará la competencia y reducirá los costos de transporte. A juicio del director de Centro Interdisciplinario de Data Science de la UDP, en parte sería así, “pero la modificación apunta a la generación de nuevas empresas de transporte marítimo locales, lo cual es incierto, dadas las barreras de entrada que genera el costo de las naves y su operación para este nuevo potencial negocio. Hay suficiente oferta internacional como para que se genere competencia, sujeta a todas las leyes chilenas, respetando todo lo laboral, es decir, equidad de género y no discriminación laboral, lo que implica la posibilidad de tener personal extranjero en el rubro tributando en Chile”.
Uno de los puntos más discutidos es la necesidad de la marina mercante de que ésta siga siendo 100% nacional con el objetivo de proteger los puestos de trabajo. Rodrigo Garrido indicó que éstos se ven afectados cuando la actividad productiva cae. “A mayor actividad productiva se generan puestos de trabajo directa e indirectamente relacionados al transporte marítimo. Chile atraviesa hoy en día por una escasez de personal para tripulaciones tanto terrestres como marítimas y si se prohíbe la contratación de personal extranjero la capacidad productiva del sistema puede verse fuertemente restringida. Lo importante es mantener incentivos al aumento productivo cumpliendo todas las leyes laborales, de extranjería y de tributación chilenas. Esto garantiza un sistema justo, ético y a la vez proclive a la productividad y eficiencia”.
La preocupación por la situación laboral
Para la presidenta de la Fundación Mascarona, Raquel Meza, que esta nueva ley de apertura de cabotaje se encuentre en la Comisión del Trabajo, “es el lugar donde debió haber empezado. Eso es lo primero. En segundo lugar, le cuento que hemos solicitado a la comisión que en cuanto comience la discusión nuevamente, entendemos que es después de la tramitación de pensiones, por supuesto, hemos pedido ser expositores nuevamente”.
“Lo que yo espero es que por fin se pueda levantar una mesa técnica para la discusión de esta nueva ley. Creo que cuando todas las partes interesadas, incluyendo la sociedad civil, no solamente la legislativa, son parte de esto, se puede llegar a buenos acuerdos, como lo hemos visto el día de hoy con la nueva discusión de pensiones. Hemos sido todos testigos que han sido capaces de discutir, de sentarse, de escuchar las mesas técnicas. Por lo tanto, mi expectativa es que se levante una mesa técnica, que estén todos los actores involucrados dentro de ella”, indicó Raquel Meza.
La presidente de Fundación Mascarona agregó que “no estamos en contra de la apertura. Estamos en contra de que esta apertura pueda significar un desmedro para los trabajadores chilenos. Si somos capaces de imitar modelos como los de Brasil, México y otros, creo que podemos tener una gran modernización de la ley”.
