Entrevista

Claudio Agostini: "Es absurdo que los barcos extranjeros no puedan mover carga dentro de Chile"

Claudio Agostini, doctor en Economía de la Universidad de Michigan y ex vicepresidente de la ENAMI.

En una entrevista exclusiva con el reconocido economista Claudio Agostini, abordó diversos temas relacionados con la política tributaria, la libre competencia y el papel del Estado en la protección de empresas específicas.

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Claudio Agostini, al ser consultado si Chile debería cambiar alguna política en cuanto a exportaciones o importaciones destacó que a su parecer, nuestro país tiene una política acertada en cuanto a la no-exportación del IVA, lo cual permite mantener la competitividad en el mercado internacional. Además, mencionó que los aranceles en Chile son prácticamente inexistentes debido a los numerosos acuerdos de libre comercio, lo que favorece la importación de productos. En cuanto a los impuestos, señaló que el IVA aplicado a las importaciones se encuentra en niveles razonables en comparación con otros países, lo que no requeriría ningún cambio significativo.

En cuanto a la libre competencia, el académico y columnista resaltó los avances institucionales en Chile en esa materia, destacando principalmente la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y las reformas realizadas en años recientes. Sin embargo, identificó sectores como el cabotaje marítimo y el sistema notarial donde aún se pueden implementar medidas para fomentar una mayor competencia y eficiencia económica. Agostini sugirió liberalizar el mercado de cabotaje marítimo, asegurando que es poco práctico que una empresa extranjera no pueda movilizar carga dentro de Chile.

Hay empresas de retail que traen importaciones a Valparaíso, en aquel puerto las descargan, pero como no pueden usar otro puerto chileno, tienen que desembarcar en Callao, para después movilizar la carga por tierra hacia los sectores del norte de Chile, explicó el académico.

En relación al cierre de la siderúrgica de Huachipato, Claudio Agostini expresó su desacuerdo con la idea de subsidiar empresas específicas, apuntando que sería injusto y poco eficiente. En su lugar, sugirió que los recursos podrían destinarse a ayudar a los trabajadores afectados por el cierre de empresas ineficientes, en lugar de proteger a los dueños de dichas empresas. Además, advirtió sobre los riesgos de establecer precedentes negativos que podrían generar incentivos perversos para otras empresas que estén con pérdidas.