Se suman voces de alarma por seguidilla de delitos en la cadena logística
Se siguen conociendo informes de delitos en la cadena logística: en Iquique la PDI aclaró el robo de teléfonos celulares avaluados en 200 millones de pesos. Mientras, se multiplican las voces que piden más seguridad en este ámbito.
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La Policía de Investigaciones de Iquique detuvo a tres personas que formaban parte de una banda que sustrajo desde una bodega de Aduanas en esa ciudad 204 aparatos celulares y dos tablets. El avalúo de las especies se calculó en 200 millones de pesos.
Los delitos que afectan a la cadena de suministros son frecuentes y materia de profunda preocupación en el sector por la seguridad de los trabajadores, las pérdidas millonarias y la frecuencia y organización con que ocurren.
La semana pasada, sin ir más lejos, se produjo un cinematográfico robo de contenedores desde la empresa de logística D&C en la ciudad de San Antonio. En esa ocasión los delincuentes se llevaron cobre por un valor estimado en $ 3.600 millones.
Frente al escenario de frecuentes y cuantiosos robos en instalaciones portuarias, extraportuarias, al transporte de carga y bodegas, la Asociación Logística de Chile (ALOG) expresó una “profunda preocupación respecto de los negativos efectos que este tipo de hechos representa no sólo para las operaciones de comercio exterior de las empresas, sino también para la competitividad logística y la imagen de nuestro país. Cabe recalcar que estos actos criminales, de extrema violencia, revisten un riesgo contante a la integridad de los trabajadores del rubro y sus familias, sin contar con los costos asociados a este tipo de robos, que no sólo afectan a las empresas víctimas, ya que se traducen en un encarecimiento de los productos, con la consecuente alza en el costo de vida para todos chilenos”.
La declaración de ALOG es coincidente con una que hizo la Cámara Portuaria de Chile al indicar que tras estos hechos hay bandas de crimen organizado, que no son hechos aislados y deben ser enfrentados a partir de un trabajo conjunto entre los actores públicos y privados para la prevención y persecución de los delitos.
“Resulta importante remarcar que las empresas víctimas de estos delitos han realizado importantes inversiones en sistemas de seguridad e implementado diversos protocolos para prevenir este tipo de hechos, no obstante, ante el actual escenario de inseguridad que afecta al país, estas iniciativas no alcanzan para enfrentar el alto nivel de violencia, planificación y recursos que las bandas criminales poseen para ejecutar sus actividades criminales”, plantean en ALOG.
Puerto San Antonio
En tanto, la Empresa Portuaria de San Antonio planteó estos hechos “generan una sensación de inseguridad e incertidumbre entre los actores de la cadena logística-portuaria en su conjunto, perjudicando a una actividad imprescindible para todo el país”.
La portuaria estatal recalcó que el robo de contenedores con cobre ocurrió fuera de sus instalaciones e informó que “se ha desarrollado un trabajo intensivo a través de coordinaciones al interior del Comité de Organismos Públicos, la Comunidad Logística de San Antonio (COLSA) y distintas instancias de trabajo con los transportistas y agentes de aduana, entre otros actores, desde donde se han impulsado acciones para colaborar en la seguridad de las cargas que ingresan al país a través del puerto”.
Comunidad Logística
Otros actores de la Comunidad Logística de San Antonio (Colsa) también se sumaron al pedido de medidas para frenar los delitos.
El gerente general de Saam Logistics, Jorge Gómez, manifestó que “esto ha ido en escalada no solo en frecuencia, sino que también en magnitud. El último robo de más de 3.600 millones de pesos en contenedores con cobre, articulado por una organización criminal con equipo tecnológico, acceso a información reservada, capacidad logística y de coordinación, es fuera de serie y nos demuestra que estamos en presencia de bandas criminales organizadas que superan la capacidad que podemos tener como empresas privadas de enfrentarlas”.
Cristian Ibieta, gerente general de Agunsa Extraportuario S.A. (Aexsa), pidió poner la seguridad como tema prioritario para el sector. “Hay que potenciar las instancias de trabajo conjunto entre los privados y el Estado, entendiendo este último como la interacción de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. La violencia y organización a la que estamos enfrentados no será superada mientras actuemos en forma aislada conforme a las capacidades que cada empresa pueda disponer para proteger a sus colaboradores, clientes e instalaciones”, planteó.
En tanto, Jorge Guajardo, gerente de Ultramar San Antonio, señaló que es “muy lamentable lo que está ocurriendo puntualmente en San Antonio, primero, porque este tipo de situaciones expone a personas que esforzadamente cumplen con sus labores operativas y de resguardo de nuestros centros logísticos, y luego, por el tremendo perjuicio que generan no solo a las empresas que se han visto enfrentadas a este tipo de situaciones, sino lo más importante, es que afectan la imagen país, considerando toda la cadena logística -productores, comercializadores, compradores, operadores, e incluso consumidores- se ven afectados de una u otra manera, producto de esto tipo de eventos delictuales”.
En este sentido, la gerente de la Comunidad Logística de San Antonio, Pilar Larraín, señaló que “desde fines del año 2021, como Colsa pusimos en marcha un Comité de Seguridad a nivel ejecutivo de las empresas para coordinar y colaborar en estas materias. Estamos en contacto directo tanto con PDI como Carabineros en lo local y agradecemos todo su apoyo, además colaboramos con fiscalía en su foco investigativo. Lamentablemente vemos que se requiere un esfuerzo mayor para enfrentar este crimen organizado cada vez más violento y capaz de robar cargas de alto valor y resguardo”.
